En el mundo ordinario, ninguna institución pública debería ser señalada por corrupción. Sin embargo, en Guanajuato la corrupción es común, es el pan de cada día. Hemos visto casos como los de Ricardo Sheffield, del “Gordo” Diego Sinhue, de Gabrielito, Ismael Plascencia, Froylán Salas, Ramón Alfaro, Juan Manuel Oliva, Genaro Carreño y Chema Anaya; y la lista es inmensa.
La institución que fue creada para erradicar ese cáncer es el Sistema Estatal Anticorrupción. Debería combatirlo, pero no lo hace. Conspiradores me han informado sobre lo que ocurre allí, y comenzamos con los lamentables casos.
Ya sabemos que la “amiga” del hijo de Luis Felipe Guerrero Agripino, Camila López Pérez, fue ayudada por “Felipillo” para convertirse en “catedrática” en el Prope de Derecho. Ahora, además de ese rol, es titular del área jurídica en la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción.
El proceso del servicio civil de carrera estuvo amañado, favoreciendo a Camila López Pérez, quien carece de la experiencia necesaria para el cargo.
Conspiración Total posee documentos que lo demuestran. La entrevista fue manipulada por Ernesto Salvador González y la titular de Recursos Humanos, quienes otorgaron la calificación más alta. La comunidad está indignada porque solo se benefician los recomendados, mientras que trabajadores dedicados son descalificados.
Camila no cumple con los requisitos del Sistema Estatal Anticorrupción, que exigen tres años de experiencia; solo tiene uno, pues egresó en 2024. Esto evidencia corrupción en el sistema.
Cabe recordar que Camila y “Felipillo” han participado en actos de corrupción en la División de Derecho de la Universidad de Guanajuato, donde las autoridades de esa unidad académica han eliminado plazas de docentes veteranos para entregarlas a los amigos de Luis Felipe Guerrero Agripino y su círculo de poder. Camila no debería haber sido considerada para trabajar en la UG.
Actualmente, Camila desempeña de manera incorrecta el cargo de coordinadora jurídica en la Secretaría Ejecutiva, tras haber trabajado por contrato en la Unidad de Transparencia. Camila tampoco debería haber sido considerada para laborar en esta institución.
Desde la llegada del nuevo Secretario Técnico del Comité de Participación Ciudadana del Sistema, Ernesto Salvador González Gómez, se han observado diversas irregularidades, como la designación de Camila López Pérez como Coordinadora Jurídica. Este individuo, proveniente de la Secretaría de la Honestidad, es considerado poco transparente y oportunista.
Los trabajadores del Sistema Estatal Anticorrupción se preguntan: ¿Por qué ella es la representante jurídica de la institución? ¿Cómo acreditó los tres años de experiencia requeridos? No cuenta con cédula profesional ni con la experiencia comprobable que exige la convocatoria.
La designación debió realizarse por parte del Órgano de Gobierno del Sistema, pero no ocurrió así. Aquí y en cualquier parte del mundo, eso es corrupción.
Otro caso es el de Alejandro Zamarripa, el próximo presidente, quien utiliza sus influencias para obtener contratos de capacitación y clases en la UG, el TJA y el Poder Judicial.
Otro caso lo representa Juana López Ayala, quien cuenta con poca experiencia en el sistema. Tiene una demanda laboral contra la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato porque no le pareció su finiquito, a pesar de que ella misma renunció. Además, mantiene influencias con los titulares y otorga empleos. Percibe un salario de 90 mil pesos mensuales como miembro del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción y, al mismo tiempo, es profesora de tiempo parcial en la Universidad de Guanajuato.
Uno más que nos compartieron es el caso de Ramiro Daniel Sánchez Gayosso, el más reciente en integrarse al CPC: ególatra, acosador y profesor en la UG Campus León.
El Sistema Estatal Anticorrupción enfrenta más que los casos de Camila, Ernesto Salvador, Juana, Alejandro y Ramiro Daniel.
El actual presidente, Giovanni Appendini, utilizó prácticas corruptas para ser elegido en el Comité de Participación Ciudadana, a pesar de ser el peor evaluado. Según la solicitud de información 110194400003524 a la Comisión de Selección del Congreso del Estado, Appendini:
• No fue el mejor evaluado en el proceso de selección.
• Es Director Comercial de Blackcore, una empresa privada.
• Había perfiles más capacitados en el sitio web de la comisión.
• Ha cobrado casi $100,000 al mes como integrante del comité, totalizando 3 millones 600 mil pesos en tres años, además de su salario en Blackcore.
El Sistema Anticorrupción de Guanajuato gasta millones como oficialía de partes, solo recibiendo denuncias. Cómo es el caso de “La casa” del GOLDO Diego Sinhué, los guanajuatenses esperan una respuesta rápida de estas autoridades. Pero no ha sido así.
Sin embargo, a pesar de un presupuesto de más de 19 millones de pesos para 2025, la Secretaría Ejecutiva solo ha remitido las denuncias a otros organismos.
Este despilfarro en instancias ineficaces es inaceptable. ¿Hasta cuándo tolerarán estos abusos? ¿Cuándo trabajarán realmente en el CPC? ¿Cuáles son sus resultados? Pues ninguno.
Sin duda, es el peor CPC en la historia del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato. Y es el colmo que esta institución que esta destinada para combatir la corrupción, este plagada de corrupción. Maia Maia.
Triste la fiscalía de Alatriste.
Hasta el día de hoy, lo que sabemos por los medios de comunicación acerca de las explosiones en instalaciones de la CFE y sus consecuencias en la sociedad deja claro que el Fiscal Alatriste sigue perdido y enredado en la burocracia heredada de su antecesor Zacatripas.
Prometió y prometió hasta que el empleo se le concedió y luego le valió. Así es el titular de la Fiscalía General del Estado Gerardo Vazquez Alatriste que parece que se le está pagando su salario por no hacer absolutamente nada, ha sido un fracaso, ya lo hemos comentado varias veces aquí en Conspiración Total.
La más reciente oportunidad para mostrar otro rostro de la Fiscalía hacia las y los guanajuatenses ocurrió en días recientes con los hechos ocurridos en instalaciones a cargo de la CFE. Pero otra vez Julio Alemán, perdón Gerardo Vazquez se ha hecho pato.
Sí la CFE no consideró necesario recurrir a la Fiscalía para esclarecer ante la gente los motivos de las explosiones, pues tendrá que aclarar eso, porque merecemos una explicación ¿Cómo que explotan los transformadores instalados hace no más de 15 años y ni una explicación?
El temor entre la población empieza a cundir sin que las autoridades federal o estatal se apliquen para dar una explicación clara y creíble que nos permita confiar al encontrarnos cerca de un aparato de estos en zona urbana.
Pues les decía, estos hechos ocurren y la triste Fiscalía de Alatriste ni sus luces, otro rostro sería apersonarse ante las familias de las y los lesionados a ofrecerles garantía de que se les hará justicia en la reparación del daño y para eso prestarles el servicio de levantar la denuncia contra la CFE o quien resulte responsable de estos hechos. Digo se supone que es el abogado del pueblo ¿qué no?
La fiscalía tiene que investigar o pedir la intervención de la autoridad federal para deslindar responsabilidades si las hubo al interior de la CFE, sea por falta de mantenimiento, negligencia o descuido. Pero también si se trata de una acción de otra índole. La vida de una oficial de policía está en riesgo y la fiscalía no aparece.
Las autoridades de los tres órdenes de gobierno tratan el asunto como un tema menor, pero no, no lo es.
Se trata de instalaciones a cargo de una empresa paraestatal que presta un servicio esencial y tiene el deber de asegurar la integridad de la población que convivimos con su infraestructura y en casos como este también tenemos instituciones a quienes les compete actuar para asegurar la justicia y los derechos humanos de las víctimas.
No se vale que sigan volteando para otro lado y enreden a las víctimas en su burocracia. Muy triste la fiscalía de Alatriste. O más bien inepta y mediocre. Es Cuanto.
El reinado de Carmen Alcalde en el Poder Judicial, más de 30 años dueña del presupuesto.
Por más de tres décadas, Carmen Guillermina Alcalde ha sido la figura omnipresente detrás de los recursos financieros del Poder Judicial del Estado de Guanajuato.
Desde su ingreso el 1 de octubre de 1991, su permanencia en el cargo ha desafiado no solo la lógica administrativa, sino también la ley orgánica de la institución, que establece que la duración del nombramiento como Directora General de Administración debe ser de tres años, con posibilidad de una sola reelección por el mismo periodo.
¿Cómo se explica que alguien con tanto poder siga intocable? ¿Será que, en el Poder Judicial, la transparencia es solo un adorno decorativo? Tal parece que si.
Una operadora del poder…¿judicial o político?
Fuentes internas señalan que Guillermina Alcalde ha favorecido sistemáticamente a magistrados y operadores políticos ligados al PAN.
Su control sobre el presupuesto ha sido tan férreo que ni presidentas del Supremo Tribunal como la buena de Claudia Barrera pudieron removerla, supuestamente por “indicaciones de más arriba”.
¿Quién protege a quién? Porque si esto fuera una serie de Netflix, ya estaríamos en la cuarta temporada de “La Dictadora Imbatible”.
Tinajero: jurista competente, pero atrapado en el teatro institucional.
A diferencia de lo que se dice en otros lados, la verdad es que Héctor Tinajero es un jurista competente —uno de los pioneros en juicios orales capacitados en Chile— pero con una alarmante falta de carácter.
Su papel en esta trama parece más decorativo que decisivo. Y aunque su nombramiento como Presidente del Supremo Tribunal podría parecer autónomo, no es un secreto a voces que él no estaría en ese lugar, sin el visto bueno de Miguel Valadez, Carmen Guillermina y, por supuesto, del GOLDO Diuego Sinhue.
Todos ellos moviendo los hilos del Poder Judicial, una desde el telón administrativo, cuya influencia se extiende más allá de los balances contables, otro desde su soporte eterno (Miguel Valadez) y además del ejecutivo en turno que siempre estará contento de tener el Poder Judicial como caja chica.
En Radio Pasillo del Poder Judicial se sabe que Carmen Alcalde no ve con agrado la coordinación que existe entre Libia Dennise y la presidenta Claudia Sheinbaum. Y critica a la gobernadora.
Nepotismo con firma contable
Uno de los casos más evidentes de conflicto de interés que subiste bajo el cobijo de Guillermina, involucra a la C.P. Celina Dueñas Durán, Subdirectora de Contabilidad, y su esposo, el C.P. Alberto Márquez Villanueva, Coordinador Regional de Irapuato.
Él debe entregar cuentas a ella, aunque los oficios se dirijan a la Directora. Porque claro, son corruptos, pero no estúpidos.
Márquez Villanueva ha sido señalado por irregularidades en cheques de liquidación “extraviados” o cobrados indebidamente en Irapuato y por denuncias de acoso y comportamiento déspota cuando fungía como Coordinador de Servicios en San Miguel. ¿La solución? Lo movieron de oficina, como si fuera sacerdote en parroquia escandalosa.
Reformas que no reforman
La reforma al Poder Judicial en Guanajuato promete limpiar la casa, pero el temor entre empleados es que Guillermina y sus aliados sobrevivan al cambio.
“Lo más peligroso sería que siguieran ahí después de aplicada la reforma”, advierte una fuente que pidió el más absoluto anonimato. Y con razón: en una institución donde los favores pesan más que los méritos, hablar puede costar caro, más aún, con una persona tan rencorosa como la Guillermina Alcalde.
¿Y las pruebas?
Hay rumores de redes de influencia para adquisición de bienes inmuebles, pero como en toda buena historia de corrupción, las pruebas son tan escurridizas como los cheques “extraviados”.
Lo que sí está documentado son los casos de nepotismo y corrupción detectados por la Auditoría Superior del Estado en 2019, que reveló vínculos familiares entre al menos 21 funcionarios del Poder Judicial y la desaparición de recursos públicos en obras no ejecutadas.
Además, Guanajuato acumula más de 100 casos ligados a hechos de corrupción desde 2018, con sentencias por abuso de autoridad, peculado y cohecho. Y aunque algunos perfiles judiciales han sido defendidos por barras de abogados, el riesgo de politización y cooptación sigue latente.
Así las cosas en el Poder Judicial, toda la corrupción sale como la humedad, ahora abordamos el caso de una burócrata que ha tenido a su cargo por mas de 30 años el presupuesto del Poder Judicial, que por lo visto ha sido imbatible, que ha tenido un sueldazo por décadas, pero que tiene el descaro de no gastar su vehículo propio, ni para cuestiones personales y por su puesto de ninguna manera justifica el alto consumo de gasolina, puesto que ella vive en Pastita, a escasos 3 Km de Pozuelos. Me cago en 10!!!
