Si usted pensaba que el Congreso de Guanajuato era un remanso de paz ideológica, piénselo dos veces. Hoy, los pasillos de la casa legislativa no huelen a café, sino a pólvora política.
Estamos ante una de las agendas más complejas y, seamos honestos, más incómodas de los últimos años. Entre mandatos judiciales que vienen desde la capital del país y reformas que amenazan con borrar instituciones enteras, los diputados locales hacen malabares en una cuerda floja. Vamos a desmenuzar qué hay en el menú legislativo de este 2026.
El Aborto y el Reloj de la Corte
Empecemos por el elefante en la sala: la despenalización del aborto. Durante décadas, Guanajuato fue el bastión inexpugnable de la “defensa de la vida desde la concepción”.
Pero el calendario no perdona, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación menos. Tras la Declaratoria General de Inconstitucionalidad, el Congreso local tiene un plazo fatal que vence este 15 de mayo para reformar el Código Penal.
Aquí, la postura del PAN es un ejercicio de equilibrismo puro. Por un lado, el coordinador Jorge Espadas ha sido claro: su convicción ideológica no cambia.
Por otro, la realidad jurídica los tiene contra la pared. Dicen que acatarán, pero buscan “vías alternas” para evitar que la despenalización sea una puerta abierta sin candados, enfocándose en prevenir la coacción por parte de terceros.
Mientras tanto, Morena y Movimiento Ciudadano ya pusieron sus cartas sobre la mesa: quieren la limpieza total. MC presentó su iniciativa para eliminar los artículos criminalizantes, y la diputada Sandra Pedroza no pierde oportunidad para presumir que tiene un amplio respaldo en la comunidad LGBT+ y que es la más “progre” del Congreso. Ya veremos si tanta exposición le rinde frutos o si se queda fuera de la jugada, sobre todo si desaparecen las pluris. Oportunismo legislativo puro.
Morena, por su parte, busca retirar de la Constitución local el blindaje a la vida desde la concepción. Es una jugada provocadora para sacar raja mediática y exhibir al PAN ante la ultraderecha.
En esencia, hay un choque de trenes entre la identidad conservadora del estado y el nuevo orden constitucional mexicano.
La Reforma Electoral y el Destino del IEEG
Pasemos al segundo plato: la Reforma Electoral. Aquí, la discusión va más allá de Guanajuato; es el eco de lo aprobado a nivel nacional. La propuesta de desaparecer los institutos locales —el famoso “Plan C” y sus derivados— tiene al IEEG en la mira.
La gran pregunta es: ¿todo se centralizará en la capital del país?
Los grupos parlamentarios de oposición, encabezados por el PAN, consideran que esto es un golpe al federalismo. Para ellos, que Guanajuato organice sus propias elecciones es un asunto de soberanía.
Pero Morena sigue la línea federal: austeridad y centralización. Aunque hay matices, como el del senador guanajuatense Emmanuel Reyes Carmona, quien propone evaluar la calidad de los órganos electorales; incluso él considera que el IEEG podría permanecer.
Y ojo con las diputaciones plurinominales, esa figura que muchos detestan y otros defienden como “el pulmón de las minorías”.
Si se eliminan, como plantea la federación, el Congreso de Guanajuato cambiaría radicalmente. Sin “pluris”, las minorías quedarían prácticamente borradas del mapa, dejando un carro completo para quien gane la mayoría de los distritos. Un escenario que —irónicamente— podría beneficiar o perjudicar al PAN o a Morena, según cómo soplen los vientos en las próximas urnas.
En este tema, Morena va sola, aunque por presión de sus aliados quizá la eliminación total se reduzca a un simple ajuste, lo que permitiría al Congreso local aplicar cambios mínimos.
El debate sobre los pluris subirá de tono conforme avance el proceso.
Transparencia: el adiós al IACIP
Y en el tema que menos ruido hace, pero que más debería preocuparnos: la transparencia. Con la desaparición del INAI a nivel nacional, el efecto dominó llegó a Guanajuato. El IACIP —ese instituto que nos permitía saber en qué se gastaba cada peso del gobierno estatal— tiene las horas contadas.
Lo curioso —y aquí entra la agudeza política— es que vimos algo inusual: PAN y Morena caminando de la mano para presentar una nueva Ley de Transparencia que “armonice” el desastre. Juan Carlos Romero Hicks lo calificó como un proceso “doloroso pero necesario”.
Ahora, las funciones de transparencia pasarán a los órganos internos o a la llamada Secretaría de la Honestidad. En pocas palabras: el gobierno se vigilará a sí mismo. ¿Confianza? La ciudadanía tendrá la última palabra. Pero, analíticamente hablando, el retroceso en rendición de cuentas es innegable, y más grave aún si consideramos quiénes encabezarán esa Secretaría.
Y, para no perder la costumbre, con una fuerte carga de cinismo, el exconsejero del IACIP, Alejandro Rocha Pedraza —quien trabajó con ahínco para conseguir un aumento salarial que le garantizara una jugosa liquidación a él y a los otros consejeros— ahora derrama sapiencia sobre transparencia y rendición de cuentas desde su nueva casaca de comentarista político.
Epílogo: un Congreso bajo presión
En resumen, el Congreso de Guanajuato vive una metamorfosis obligada. No es que los diputados se hayan vuelto progresistas o amantes de la centralización de la noche a la mañana; es el sistema nacional el que los está empujando.
Seguridad, agua y salud también están en la agenda, pero estos tres ejes —aborto, reforma electoral y transparencia— definirán el tipo de estado que seremos en la próxima década.
Guanajuato siempre se ha preciado de ser “distinto”. Veremos si en esta legislatura esa distinción se mantiene con argumentos o si termina siendo solo una resistencia que el Poder Federal terminará por doblar.
Es cuanto.
