Hoy, en Guanajuato, la palabra “Honestidad” parece haber cambiado su definición en el diccionario oficial. Ya no significa integridad; ahora significa “administración de crisis”.
El pasado 25 de enero de 2026 marcará un antes y un después en la narrativa de transparencia en Guanajuato. Con la mano en la cintura, la Secretaría de la Honestidad ha decidido archivar el expediente de la “Casa Azul” en Texas, vinculada al exgobernador el GOLDO Diego Sinhue.
El veredicto es de una simplicidad que ofende: “No hay pruebas”. Pero, ¿no las hay porque no existen, o porque decidieron no mirar debajo del tapete?
Hoy vamos a desmenuzar cómo se construye un “carpetazo técnico” y quiénes son las arquitectas de esta simulación.
Hablemos de la titular, Arcelia González. Qué capacidad tiene la secretaria para leer los “tiempos políticos”. Su gestión no es la de una fiscalizadora, sino la de una estratega de imagen. Arcelia ha demostrado ser una experta en la “dilución mediática”: suelta la noticia en domingo, administra los silencios y espera a que el escándalo se evapore por cansancio.
Para Arcelia, la investigación no es un camino hacia la verdad, es un trámite burocrático que se administra según el termómetro electoral. Ella sabe que la “Casa Azul” es una mancha en la narrativa oficial, y su tarea —al parecer— no es limpiar la casa, sino pintar la pared de otro color para que no se note la humedad. Pero cuidado, Secretaria: omitir el impacto de este escándalo, comparándolo con casos nacionales que hundieron reputaciones, no es habilidad, es ceguera voluntaria.
Pero Arcelia no está sola en esta labor de “maquillaje”. Hay que ver el trabajo —o la falta de él— de Mariana Rocha Belmonte, la Directora de Investigación. Bueno, “Investigación” es un decir. Porque si usted busca a Mariana, es más fácil encontrarla en los grupos de WhatsApp de acción social de Alejandro Sierra Lugo que revisando estados de cuenta o auditorías patrimoniales.
Resulta fascinante —por no decir indignante— que la encargada de desentrañar la corrupción estructural en Guanajuato dedique más horas de su jornada laboral a ser la administradora de grupos de mensajería y activista digital, que a cumplir con su deber como funcionaria pública.
Mientras el expediente de la “Casa Azul” se llenaba de polvo, Mariana seguramente estaba muy ocupada enviando stickers o gestionando apoyos políticos. Esa es la negligencia que Arcelia González aprovecha: una oficina de investigación que, dadas sus omisiones y fallas, parece más un call-center de partido que una entidad de vigilancia.
Entremos al fondo del “carpetazo”. ¿Cómo llegaron a la conclusión de que no hay irregularidades? Fácil: no buscaron. La Secretaría omitió una Auditoría Patrimonial básica.
No pidieron acceso a las cuentas bancarias del exgobernador. Se limitaron a aceptar un contrato de renta de 4,200 dólares mensuales en una zona de lujo en Texas como si fuera un contrato de cualquier departamento en la colonia Flores Magón. No hubo un análisis de “precios de transferencia”.
Y lo más grave: se detuvieron ante el velo corporativo de la empresa DAI LLC. No quisieron llegar al “beneficiario final”. No quisieron ver que, detrás de las paredes de esa residencia, está la sombra de Seguritech, la proveedora consentida que ha cobrado más de 12 mil millones de pesos del erario guanajuatense en tres sexenios. Un monopolio de seguridad que, casualmente, renovó un contrato por casi 5 mil millones de pesos justo antes de que Diego Sinhue dejara el cargo.
Es imposible no ver el espejo. La “Casa Azul” de Diego Sinhue en The Woodlands es la versión guanajuatense de la “Casa Blanca” de Peña Nieto o la “Casa Gris” de Houston. El mismo modus operandi: proveedores beneficiados con contratos multimillonarios que, de pronto, resultan ser los “arrendadores” o dueños de las propiedades donde viven los gobernantes.
Pero ojo, que el carpetazo estatal no es el punto final. En la Ciudad de México, la presidenta Claudia Sheinbaum ya lo dijo con todas sus letras: “Esto es corrupción”. El riesgo de que la FGR o la UIF atraigan el caso es altísimo. Si la federación encuentra lo que Arcelia y Mariana “no pudieron” ver por estar ocupadas en WhatsApp, el ridículo nacional para el gobierno de Guanajuato será total.
El costo político ya se está pagando. La narrativa de honestidad de Libia Dennise se desgasta cada vez que sus funcionarias prefieren el blindaje político sobre la justicia. Guanajuato no necesita administradoras de grupos de chat, necesita investigadoras de verdad.
Porque al final del día, una casa en Texas no se oculta con un archivo en León. El caso sigue vivo en la opinión pública, y el juicio de la historia —y quizás el de la UIF— no será tan complaciente como el de Arcelia González.
