PARTE III y última: Nepotismo, impunidad y el imperativo de una fiscalización real.
El verdadero rostro de la red aflora al rastrear el destino final de las subvenciones públicas: el beneficio directo a familiares y socios del equipo compacto que administró el instituto.
Lo que nos ha compartido la comunidad conspiradora ha dejado al descubierto un patrón innegable. Mientras Edgar Larios Tapia se desempeñaba como funcionario en SICES y Alejandro Gómez Barbosa ejercía como director de Administración y Finanzas en IDEA GTO, el capital público fluía hacia proyectos donde ellos o sus familiares terminaron obteniendo acciones:
Caso Solena: Una de las startups más visibles del estado incorporó en 2020 como accionistas a Alejandro Gómez de la Rosa (un estudiante de 23 años, hijo del entonces director de Finanzas de IDEA GTO, con 400 mil pesos en acciones) y a Edgar Larios Tapia (con 1.9 millones de pesos en acciones).
Redes cruzadas: La esposa de Edgar Larios figuró como socia de la hija de Gómez Barbosa en la empresa Design Epicenter.
Cuando estas irregularidades salieron a la luz en agosto de 2024, el instituto se limitó a emitir un boletín negando los hechos.
El 26 de septiembre de 2024 —el mismo día de la transición del Gobierno del Estado— Gómez Barbosa presentó su renuncia “voluntaria” y cobró un finiquito de 393 mil pesos, sin que se iniciara un procedimiento administrativo de investigación ni se revisaran las declaraciones patrimoniales que, dicho sea de paso, no aparecían en la Plataforma Digital de Inteligencia Anticorrupción.
Resulta indignante la parsimonia e inacción del aparato estatal. Antonio Reus Montaño continúa al frente de IDEA GTO, disfrutando de las mieles del cargo y paseándose en foros de innovación como si el presupuesto público fuera su patrimonio personal.
¿Dónde está la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG)? ¿Dónde están las comisiones del Congreso del Estado que deberían citar a comparecer al titular de IDEA GTO y exigir una auditoría forense?
No basta con el relevo de mandos medios o con renuncias sigilosas acompañadas de jugosos finiquitos. El Congreso del Estado y la Secretaría de la Honestidad tienen la obligación legal de actuar:
Auditoría Financiera y Contable: Exigir el desglose peso por peso de los contratos de “servicio integral”, incluyendo el Festival de Innovación y las asignaciones a las asociaciones civiles vinculadas a directivos y exdirectivos.
Auditoría de Desempeño y Cruce de Datos: Realizar un cruce por CURP/RFC de las listas de asistentes para determinar el número real de beneficiarios únicos y la verdadera supervivencia de las empresas creadas.
Investigación de Conflictos de Interés y Tráfico de Influencias: Investigar la participación de familiares de exservidores públicos en las estructuras accionarias de las startups apoyadas y deslindar responsabilidades administrativas y penales.
La mentefactura no puede seguir siendo el escudo del abuso presupuestal. La permanencia de Antonio Reus Montaño en el cargo, ante la acumulación de evidencias, constituye un agravio directo a la ciudadanía de Guanajuato.
Es hora de que las instituciones de fiscalización hagan su trabajo y pongan fin a la impunidad en IDEA GTO.
Todos estos impresentables que hemos presentado en esta saga de la corrupción del Antonio Reus y el mismo deberían estar en la cárcel, entre todos ellos acumulas varias cadenas perpetuas por todo el daño que le han hecho a la gente de Guanajuato.
Y no se diga quien bajo su cobijo les dio la oportunidad de comportarse como unos auténticos criminales de cuello blanco. Como es caso del ex gobernador corrupto, el GOLDO Diego Sinhue.
He dicho y ya está.
