En el ejercicio del servicio público, la ética y el respeto irrestricto a la dignidad humana no son asignaturas optativas; son el cimiento de cualquier responsabilidad estatal.
Resulta tan penoso como indignante observar cómo funcionarios que se entregan a la autopromoción en medios y presumen con bombo y platillo “modernizaciones” e “innovaciones” institucionales, terminan mostrando en la intimidad de sus dependencias una faceta autoritaria, discriminatoria y violatoria de los derechos laborales.
Ese es, precisamente, el lamentable retrato que hoy proyecta la Dirección General de la Unidad de Televisión de Guanajuato (TV4) bajo el mando de Rafael Gutiérrez Mercadillo.
El caso del comunicador Gabriel Martínez Moreno —quien entregó cerca de una década de su vida laboral a la televisora estatal encabezando transmisiones y programas con amplia audiencia como El Depa 4 y La Azotea— ha dejado al descubierto un alarmante entramado de abuso de poder, hostigamiento laboral y discriminación explícita.
De acuerdo con las constancias administrativas y testimonios formales que obran en el expediente del afectado, la llegada de Gutiérrez Mercadillo a la dirección de la televisora en septiembre de 2024 marcó el inicio de una sistemática congeladora laboral.
Bajo el falaz argumento de que el conductor ya no contaba con el “look adecuado” o la edad para dirigirse a las audiencias jóvenes —una manifestación flagrante de discriminación por edad—, se le retiró de la pantalla.
Peor aún: cuando el afectado propuso alternativas profesionales en otros formatos para público adulto, la respuesta fue la indiferencia y el enlatado.
A la discriminación le siguió el hostigamiento. Relegado al departamento de contenidos, al trabajador se le sometió al desdén: asignaciones mínimas, cancelación arbitraria de proyectos con el pretexto de “focus groups” y “estudios de mercado” jamás mostrados, y la presión continua para forzarlo a desarrollar tareas ajenas a su perfil profesional —como la creación de un videojuego— sin insumos, planeación ni presupuesto.
El objetivo tácito de este tipo de maniobras en la administración pública es claro: desgastar emocional y profesionalmente al servidor para orillarlo a la puerta de salida.
La irresponsabilidad administrativa roza lo ridículo cuando se constata que, tras la reestructuración del Instituto de Cultura a Secretaría de Cultura, las autoridades de TV4 incurrieron en desidia al no regularizar ni renovar los oficios de comisión del personal, dejando a trabajadores en un limbo jurídico.
Y cuando el afectado decidió ejercer su derecho a la rescisión de contrato por hostigamiento en enero de 2026, la respuesta institucional no fue asumir la responsabilidad, sino bloquear la liberación del expediente, frenando deliberadamente el trámite de su liquidación legal.
¿Con qué calidad moral un funcionario público se abandera como promotor de la cultura y la comunicación del estado cuando en casa ejerce el atropello y la arbitrariedad?
Es francamente inaceptable que la televisión pública de Guanajuato sea administrada como un feudo donde los derechos laborales se pisotean y los procedimientos legales se manipulan para obstaculizar la justicia.
Un titular de un medio público debe ser el primer garante de los derechos de sus colaboradores. La complacencia y el silencio ante estas denuncias solo convierten a las instituciones en cómplices.
El Tribunal de Conciliación y Arbitraje tiene la palabra, pero la condena ética ya está escrita: el servicio público no tolera capataces, exige servidores públicos a la altura de la ley. Entiende eso Rafael. ¿O vas a caer en lo mismo que Juan Aguilera? Bueno dicen que ya estás como él con tu estimada Lilian.
He dicho y ya está.
