La política en Guanajuato suele darnos capítulos de profunda tensión, pero lo que hoy se vive en Cortazar ha cruzado una línea sumamente peligrosa.
La ruptura y confrontación abierta entre los hermanos Mauricio y Diego Estefanía —hijos del fallecido exalcalde Hugo Estefanía Monroy— ha dejado de ser un mero pleito de vencidas por el control político y administrativo local.
Tras el reciente ataque a balazos que sufrió la camioneta donde viajaban el hijo menor de Diego y su escolta, las cosas escalaron a un terreno donde la paz social y la tranquilidad de toda la población están severamente comprometidas.
Las imágenes y testimonios en redes sociales son escalofriantes. Escuchar a Diego Estefanía responsabilizar públicamente a su propio hermano, el actual alcalde de Movimiento Ciudadano, Mauricio Estefanía, así como a miembros de su cabildo, no es un asunto menor.
Aunque el presidente municipal se ha deslindado firmemente y ha pedido el actuar de la Fiscalía, el tejido político y social de Cortazar está crujiendo.
El verdadero peligro radica en que esta no es una pugna abstracta de declaraciones; es una disputa entre los actores que hoy por hoy manejan los hilos fácticos y económicos de la región.
Hay que poner las cartas sobre la mesa: los Estefanía no son solo figuras políticas; históricamente son los concesionarios y propietarios del grueso del transporte público en Cortazar.
El control de la movilidad, el dinero de las rutas cotidianas y la estructura del municipio están entrelazados con sus apellidos.
Es aquí donde se vuelve urgente y obligada la intervención directa del Gobierno del Estado. La ciudadanía no puede quedar como rehén de una guerra civil familiar y de facciones políticas.
La gobernadora del estado, junto con el bueno del secretario de Gobierno, Jorge Jiménez Lona, y el secretario de Seguridad, deben asumir el control de la situación mediante una mediación política de alto nivel y un despliegue de seguridad firme y neutral.
Jiménez Lona, con su perfil conciliador, tiene la tarea urgente de sentar las bases de gobernabilidad que impidan que el transporte público o los servicios municipales se conviertan en armas de presión.
Al mismo tiempo, las fuerzas estatales deben garantizar el orden en las calles, desarmando la hostilidad antes de que el costo en vidas humanas sea irreversible.
Cortazar exige respirar tranquilo. No se puede gobernar un municipio con la sospecha y el plomo flotando en el aire familiar de sus gobernantes.
Si las instituciones estatales no intervienen con fuerza y neutralidad ahora mismo, la disputa por el poder en Cortazar terminará por devorar la poca tranquilidad que les queda a sus habitantes.
He dicho y ya está.
