Por Arzola
1.
El proceso electoral en marcha obliga a estudiar las reformas implementadas recientemente y a poner sobre la mesa algunas figuras electorales, como la reelección o las aspiraciones de funcionarios electos mediante el voto popular que pretenden contender por un cargo distinto.
Como se sabe, el martes primero de abril de 2025 se publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma constitucional en materia de nepotismo y no reelección. Sobre este último punto, el artículo 59 establece que las personas senadoras y diputadas al Congreso de la Unión no podrán ser reelectas para el periodo inmediato posterior al ejercicio de su mandato. De igual manera, los artículos 115 y 116 establecen la prohibición de la reelección consecutiva para las presidencias municipales, sindicaturas y regidurías, así como para las diputaciones de los congresos locales.
Lo curioso de esta reforma es que sus disposiciones en materia de no reelección entrarán en vigor hasta el proceso electoral de 2030, según lo mandata el artículo segundo transitorio. Lo anterior permitirá que muchos funcionarios puedan contender por un periodo adicional.
Pero hay otra cuestión que merece nuestra atención: ¿qué sucede con aquellos funcionarios que, ante la imposibilidad de reelegirse o simplemente porque buscan un cargo distinto, pretenden brincar de una posición a otra?
Pensemos en el presidente o la presidenta municipal que aspira a convertirse en diputado local o federal o, viceversa, en un diputado local que pretende postularse para presidente municipal.
2.
En esta oportunidad quisiera abordar un supuesto concreto: el de un edil que aspira a convertirse en diputado del Congreso del Estado de Guanajuato, específicamente por la vía plurinominal. La pregunta es si, para lograrlo, debe separarse de su cargo y, en su caso, con qué anticipación.
La disposición central para este análisis se encuentra en el artículo 46, fracción I, de la Constitución Política del Estado de Guanajuato, que establece:
«Artículo 46. No podrán ser diputados al Congreso del Estado:
I. El Gobernador del Estado, cualquiera que sea su denominación, origen y forma de designación; los Titulares de las Dependencias que señala la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; el Fiscal General del Estado; los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia; los que se encuentren en servicio activo en el Ejército Federal o en otra Fuerza de Seguridad Pública; los presidentes municipales o los presidentes de los Concejos Municipales y quienes funjan como Secretario, Oficial Mayor o Tesorero, siempre que estos últimos ejerzan sus funciones dentro del Distrito o circunscripción en que habrá de efectuarse la elección, a no ser que cualesquiera de los nombrados se separen de sus cargos cuando menos noventa días antes de la fecha de la elección».
La disposición contempla un requisito de separación de 90 días para determinados servidores públicos que pretendan acceder a una diputación local. Sin embargo, el problema interpretativo aparece cuando intentamos determinar el alcance de la expresión «Distrito o circunscripción en que habrá de efectuarse la elección», particularmente tratándose de las candidaturas de representación proporcional.
En Guanajuato, la elección de diputaciones plurinominales se realiza mediante una sola circunscripción cuya demarcación territorial comprende todo el estado, de conformidad con el artículo 14 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato.
A primera vista, podría sostenerse que, si un presidente municipal ejerce sus funciones dentro de esa circunscripción estatal, necesariamente tendría que separarse del cargo 90 días antes de la jornada electoral.
Pero esta interpretación ya fue materia de una controversia jurisdiccional.
3.
En 2018, la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió el expediente SM-JRC-70/2018, relacionado precisamente con la posibilidad de que el entonces presidente municipal de Acámbaro fuera postulado como candidato a diputado local por el principio de representación proporcional.
El Instituto Electoral del Estado de Guanajuato había sostenido que el funcionario debía separarse de su cargo 90 días antes de la elección, pues la circunscripción plurinominal comprendía todo el territorio estatal.
Sin embargo, la mayoría de la Sala Regional revocó esa determinación.
El razonamiento fue que la restricción constitucional debía interpretarse atendiendo al ámbito territorial en el que el funcionario ejerce autoridad y no extenderse automáticamente a una candidatura de representación proporcional, cuya naturaleza es distinta a la elección por distritos uninominales.
En otras palabras, la Sala consideró que la prohibición de permanecer en el cargo operaba para quienes pretendieran contender por una diputación de mayoría relativa dentro del ámbito territorial en el que ejercían sus funciones, pero no para quienes buscaran una diputación plurinominal.
Es importante señalar que esta resolución no fue unánime. El magistrado que formuló el voto particular sostuvo que la exigencia de separación también debía comprender las candidaturas de representación proporcional, pues la circunscripción plurinominal abarca todo el estado y, por tanto, incluye el municipio en el que el presidente municipal ejerce autoridad.
Tenemos, entonces, dos interpretaciones de una misma disposición constitucional: una mayoritaria, que excluye la obligación de separarse para las candidaturas plurinominales, y otra disidente, que considera aplicable el requisito de separación de 90 días.
No es un debate menor, pues estamos hablando de una cuestión que incide directamente en el derecho a ser votado y en las condiciones de elegibilidad de quienes aspiran a integrar el Congreso local. Además, debemos considerar que la Sala Regional Monterrey del acordeón tiene una composición diferente y no vaya siendo que, ante una eventual impugnación, en una nueva reflexión, decidan cambiar el criterio.
Ahora bien, ¿qué sucede si el presidente municipal pretende incorporarse a una lista plurinominal postulada por un partido político distinto al que lo llevó al Ayuntamiento?
Aquí conviene separar dos cuestiones.
La primera tiene que ver con las reglas de afiliación, selección interna y postulación de candidaturas por un partido distinto.
La segunda se refiere a los requisitos de elegibilidad y, particularmente, a la obligación de separarse del cargo.
El cambio de partido no modifica por sí mismo la interpretación del artículo 46 constitucional. Lo determinante es el principio por el que se pretende acceder a la diputación y el alcance de la restricción constitucional correspondiente.
Tampoco debe perderse de vista que el hecho de que una candidatura plurinominal no realice campaña electoral no significa que el funcionario pueda utilizar los recursos públicos, humanos o materiales bajo su responsabilidad para favorecer su aspiración política.
El artículo 134 de la Constitución federal continúa siendo un límite para el ejercicio de los recursos públicos y para la actuación imparcial de los servidores públicos.
Por tanto, permanecer en el cargo, cuando jurídicamente sea posible, no significa disponer de la administración municipal para fines electorales.
Para el proceso electoral de 2026-2027, cuya jornada electoral en Guanajuato tendrá lugar el domingo 6 de junio de 2027, el tema volverá a cobrar relevancia.
Si se trata de una candidatura a diputación de mayoría relativa en un distrito electoral en el que resulte aplicable la restricción constitucional, el plazo de separación de 90 días debe observarse. En ese supuesto, a inicios de marzo de 2027 representa la fecha límite para que la separación surta efectos con la anticipación exigida.
En cambio, para las candidaturas de representación proporcional, existe el antecedente directo de la sentencia SM-JRC-70/2018, cuya interpretación mayoritaria sostiene que no es exigible esa separación.
En consecuencia, no sería correcto afirmar, sin más, que todos los presidentes municipales que aspiren a una diputación plurinominal necesariamente tendrán que solicitar licencia a principios de marzo.
Repetimos: habrá que estar atentos a si el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato y, en su caso, los órganos jurisdiccionales mantienen el criterio establecido en 2018 o si se presenta una nueva controversia que permita revisar el alcance de esta disposición constitucional.
Al final, la cuestión no es solamente si un alcalde quiere convertirse en diputado, sino hasta dónde puede llegar el legislador al establecer restricciones al derecho de ser votado y cómo deben interpretarse cuando se trata de una candidatura de representación proporcional.
En fin, el proceso electoral todavía nos dará bastante tela de dónde cortar.
