De chile, dulce y manteca

Por Arzola

I. Justicia pronta y expedita

La expresión «justicia pronta y expedita», contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, significa que toda persona tiene derecho a que los órganos jurisdiccionales resuelvan sus controversias sin dilaciones injustificadas, dentro de los plazos legales y mediante procedimientos que permitan obtener una resolución efectiva.

No se trata solamente de que los tribunales dicten sentencias rápidamente, sino de que la impartición de justicia sea accesible, oportuna y eficaz.

La justicia pronta significa que los tribunales deben resolver los asuntos en un tiempo razonable, respetando los plazos y términos establecidos en las leyes, evitando retrasos injustificados en la tramitación de los procedimientos y prolongaciones innecesarias de los juicios, así como dictando las resoluciones dentro de los plazos legales.

Por otra parte, la justicia expedita supone que los tribunales estén en condiciones de impartir justicia sin obstáculos, trabas o impedimentos injustificados.

Es decir, que existan vías procesales efectivas para hacer valer los derechos y que no se impongan formalismos excesivos que impidan acceder a la justicia.

También implica que los órganos jurisdiccionales actúen con diligencia.

En otras palabras, la justicia debe poder transitar por los cauces legales sin entorpecimientos indebidos.

La justicia pronta y expedita también debe ser completa.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha desarrollado estos principios en el criterio de rubro:

«ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA…».

II. La justicia y el Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato

En materia electoral, se suponía que los órganos jurisdiccionales estaban exentos de los atrasos y las trabas que impedían resolver los asuntos dentro de los plazos establecidos en la ley. Concebida inicialmente como un área especializada en resolver controversias postelectorales, la justicia electoral tenía como límite máximo para resolver estos conflictos el momento previo a la toma de posesión de los órganos electos.

A través del recurso de revisión estatal, configurado por la legislación electoral local, se establecía un plazo breve para resolver estos conflictos, considerando, además, que las pruebas por excelencia eran las documentales generadas el día de la jornada electoral.

Posteriormente, la gama de derechos político-electorales se fue ampliando, lo que dio lugar a la posibilidad de promover juicios ciudadanos y procedimientos de carácter sancionatorio, así como a la atención de los conflictos laborales derivados de las controversias que, en esa materia, se suscitan entre el Consejo Electoral del Estado de Guanajuato o el Tribunal Electoral local y sus trabajadores.

Es pertinente aclarar que la colegialidad del tribunal local implica que todos los asuntos deben ser resueltos por el Pleno del órgano, ya sea por mayoría o por unanimidad de votos de sus integrantes. Es decir, para que un proyecto adquiera el carácter de sentencia, debe ser aprobado cuando menos por dos de los tres magistrados.

Lo que debe recalcarse es que la elaboración de un proyecto es responsabilidad de una ponencia en particular. Cuando ingresa un asunto, este se asigna por turno a una de las tres ponencias y corresponde a la que está, bajo la responsabilidad del magistrado instructor, desarrollar el procedimiento en todas sus fases y, al final, elaborar un proyecto que somete a la consideración de los otros dos magistrados.

La cuestión es que ese proyecto puede tardar más o menos tiempo, dependiendo de cada magistrado.

En este punto es donde debe mencionarse que el presidente o la presidenta del tribunal carece de facultades para solicitar al magistrado instructor que ponga a consideración del Pleno el proyecto de sentencia de un determinado asunto.

Prácticamente, la celeridad en la elaboración de un proyecto de sentencia es responsabilidad exclusiva del magistrado ponente.

En ocasiones, los tribunales federales señalan en sus sentencias que un tribunal local tarda demasiado en dictar una resolución. Esos pronunciamientos constituyen una especie de reprimenda para el tribunal en su conjunto; sin embargo, lo cierto es que el origen del retraso puede encontrarse en la falta de prontitud del magistrado ponente.

Es bien conocido que algunas ponencias abusan de los requerimientos para postergar la emisión de las sentencias.

Por ejemplo, cuando reciben un asunto, retardan su admisión debido a que realizan requerimientos de pruebas o informes a diversas autoridades. De esta manera, hasta que estas últimas no dan cabal cumplimiento a lo requerido, no se admite el asunto a trámite, lo que implica que el plazo para emitir la sentencia no comienza a correr.

No sin razón, en el año 2021 se elaboró un nuevo Reglamento Interior del Tribunal Electoral de Guanajuato, cuyo artículo 90, tercer párrafo, establecía, respecto de los asuntos derivados de la jornada electoral, que «durante el proceso electoral todos los días y horas son hábiles, por lo que las cargas de trabajo se establecen conforme a las necesidades de trabajo, sin que la resolución de los asuntos competencia de este Tribunal pueda extenderse más allá del cinco de septiembre del año de la elección».

Como es de imaginarse, algunas ponencias se opusieron ferozmente a que se estableciera esa fecha límite en la disposición reglamentaria.

En la misma línea, podemos ubicar el artículo 418 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato, que señala textualmente:

«El órgano competente para resolver el medio de impugnación de que se trate, podrá requerir o, en su caso solicitar, a los diversos órganos electorales o a las autoridades federales, estatales o municipales cualquier informe o documento, que obrando en su poder, pueda servir para la sustanciación de los expedientes, siempre ello no sea obstáculo para resolver dentro de los plazos establecidos en esta ley».

En suma, el problema que aqueja al tribunal local ya ha sido detectado desde hace tiempo.

III. Epílogo (el exhorto al TEEG)

Derivado del mediático asunto del Padre Pistolas, la afectada en ese caso de violencia política contra las mujeres en razón de género, es decir, la gobernadora del estado, declaró en su momento que debían afinarse los mecanismos de actuación de los órganos electorales en los casos de violencia política contra las mujeres, pues tardaban demasiado en resolver.

De acuerdo con la información pública del Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato, el proyecto de sentencia quedó a cargo de la ponencia de la exmagistrada Yari Zapata López.

Lo sorprendente es que la reprimenda y la exhibida por la lentitud en la elaboración del proyecto de la ponencia instructora se las llevó el TEEG de parte del Congreso del Estado de Guanajuato, que, mediante un exhorto, instó a este órgano jurisdiccional a agilizar la atención de los casos de violencia política contra las mujeres.

La situación es entendible, pero ¿Por qué el Congreso lanza el exhorto en un asunto donde la afectada es la primera mandataria del Gobierno estatal? ¿En cuántos otros asuntos de similar naturaleza las afectadas nunca son objeto de un exhorto que recomiende resolver con celeridad? ¿Y cuántos ciudadanos tenemos que vivir la frustración que provoca la insoportable lentitud en la emisión de una sentencia?

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