En el ejercicio de la función pública, la narrativa política suele desvanecerse si no está respaldada por indicadores contables verificables.
La rendición de cuentas, por ende, cobra verdadero valor cuando abandona la retórica masiva y se concentra en la precisión de los datos.
Bajo esta premisa técnica y republicana, el alcalde Mauricio Trejo Pureco presentó ante el Ayuntamiento de San Miguel de Allende —reunido en sesión solemne en el Teatro Ángela Peralta— su Segundo Informe de Gobierno correspondiente al periodo 2024-2027.

Un balance que perfila un modelo de gestión integral encaminado a nivelar la cancha social, sostener la dinámica económica y consolidar la paz pública.
El desarrollo de una ciudad catalogada de forma recurrente entre los referentes turísticos internacionales no puede limitarse al embellecimiento de su centro histórico.
La eficacia gubernamental exige llevar infraestructura, salud y servicios hacia las zonas donde habitan las familias trabajadoras, logrando un crecimiento económico con rostro humano e inclusión.

Uno de los pilares más complejos de gestionar en el contexto regional es la seguridad pública. Durante el informe, Trejo Pureco presentó cifras que ubican a San Miguel de Allende en su mejor momento operativo de las últimas dos décadas.
La demarcación reportó un mes de septiembre con cero homicidios y un promedio mantenido de 0.3 homicidios por cada 100 mil habitantes en los cuatro meses previos.

Estos números no son producto del azar, sino de la profesionalización institucional: el 100 por ciento de los elementos de la Policía Municipal cuenta con sus evaluaciones de control y confianza vigentes, aunado a esquemas de capacitación continua e interconexión táctica con las fuerzas estatales y federales.
Esta contención delictiva se complementa con la política de prevención social mediante el deporte y la educación; la realización de un torneo deportivo cada dos días (más de 90 certámenes anuales) constituye una red contrapuesta a las conductas de riesgo entre la juventud.

En materia de infraestructura urbana y rural, la administración municipal destinó un paquete presupuestal superior a los 200 millones de pesos en obra pública, al que se sumará una bolsa de 65 millones de pesos en el último tramo del año, pudiendo alcanzar hasta 80 millones de pesos adicionales derivados de la gestión superavitaria.
Más allá de los montos, destaca la priorización territorial: proyectos en comunidades rurales y colonias populares como Charco de Sierra, Galvanes, así como la intervención del Mercado Guadalupe y vialidades estratégicas. Esta visión de “emparejar el piso” se consolida con el respaldo al sector educativo, mediante la intervención de más de 50 planteles escolares en beneficio directo de 10,732 estudiantes y la dispersión de 2,932 becas académicas.
En el rubro habitacional, la planeación proyecta alrededor de 1,500 nuevas opciones de vivienda social, asegurando el derecho al arraigo de las familias sanmiguelenses.
Bienestar, campo y salud humana
La atención del desarrollo social muestra un despliegue cuantitativo en la protección de sectores vulnerables:
Rehabilitación y salud: Se brindaron más de 9,300 terapias de rehabilitación física, reincorporando la autonomía y movilidad de los pacientes.
Atención especializada: Servicios integrales en salud dental, acompañamiento jurídico y psicológico a mujeres, e intervenciones directas para personas con insuficiencia renal.

Apoyo a la economía familiar: Más de 3,600 beneficiarios incorporados a esquemas de empleo temporal.
Proyección social: De cara al ejercicio presupuestal 2027, el alcalde anunció el programa transversal enfocado en la atención universal y subsidio a sesiones de diálisis, aliviando la carga financiera de los hogares con enfermos crónicos.
Transparencia y solvencia técnica
El dinamismo económico y la atracción turística de la «Mejor Ciudad para Vivir» pierden valor si no existe disciplina administrativa. En el apartado de la fiscalización, el gobierno de Trejo expuso el estado que guardan cuatro auditorías externas e institucionales.

Con un presupuesto ejercido cercano a los 1,500 millones de pesos, las observaciones administrativas se acotaron a 3.2 millones de pesos (representando apenas el 0.2% del gasto total), todas ellas en proceso de aclaración solventable y con cero registro de daño patrimonial.
El Informe de Gobierno de Mauricio Trejo delinea la ejecución de una política pública planificada.

Los indicadores demuestran que cuando la seguridad se estabiliza, los recursos se ejecutan con rigor técnico y la inversión social se dirige a equilibrar las desigualdades, la economía local no solo funciona, sino que distribuye sus beneficios entre toda la población.
He dicho y ya está.



