Ausente de la profesionalización, la ética pública y el respeto irrestricto a los derechos humanos, el Archivo General del Estado de Guanajuato (AGE) vive una realidad grotesca y represiva.
Bajo la “titularidad” de la Cecilia Elizabeth Nila García, la institución encargada de resguardar la memoria histórica de la entidad se ha transformado en un feudo personal que opera como una verdadera “isla al margen de la ley”.
Cartas de denuncia, actas administrativas prefabricadas, registros institucionales e incluso testimonios de colapsos de salud del personal dan cuenta de una crisis sin precedentes.
No se trata de rencillas menores ni de desacuerdos cotidianos: estamos ante un patrón sistemático de violencia laboral, corrupción operativa y opacidad en el gasto público que exige la intervención inmediata del Poder Ejecutivo Estatal y de los órganos fiscalizadores.
Un feudo de terror: Hostigamiento, discriminación y violencia institucional
El ambiente laboral que se respira en el AGE es sencillamente vergonzoso para una dependencia gubernamental. La gestión directiva de la “titular” se ha caracterizado por un ejercicio del poder basado en la intimidación, el menosprecio sistemático, la descalificación pública en grupos de comunicación interna y la amenaza constante de la pérdida del empleo.
El personal que labora en la institución —muchos con trayectorias intachables y años de entrega al resguardo del patrimonio documental— afronta diariamente un clima de persecución.
Las evidencias revelan prácticas coercitivas inadmisibles:
Sanciones administrativas como herramienta de castigo: Levantamiento arbitrario de actas administrativas diseñadas a la medida para acorralar y despedir a trabajadores incómodos, negando sistemáticamente el derecho básico de réplica y audiencia.
Violencia psicológica e intimidación:
Agresiones verbales y humillaciones públicas orquestadas desde la cumbre directiva y replicadas por mandos medios complacientes.
Este entorno hostil ha derivado en severos cuadros de ansiedad, crisis emocionales e incapacidades médicas entre los colaboradores.
Trato diferenciado y discriminación:
Existe una clara brecha y discriminación laboral entre distintas áreas del archivo, beneficiando a círculos de protección personal mientras se hostiga al personal operativo y técnico.
Invisibilización y deshumanización:
El nivel de frialdad institucional ha llegado al extremo de gestionar tragedias humanas y pérdidas de colaboradores en el cumplimiento de comisiones informales mediante fríos comunicados de “baja laboral”, eludiendo asumir la responsabilidad de las condiciones institucionales de su personal. Nepotismo, complicidades y expedientes “atorados”
¿Cómo es posible que una “titular” mantenga este nivel de impunidad? La respuesta se encuentra en las redes de complicidad y el nepotismo atrincherado en la estructura del AGE.
Es del conocimiento público que dentro de las áreas operativas e intermedias operan familiares directos de funcionarios clave involucrados en la firma de contrataciones, creando una red de blindaje cruzado. Cuando un trabajador vulnerado intenta alzar la voz, la maquinaria directiva interviene para sofocar la queja o encubrir el acoso.
Lo más alarmante es el brazo de impunidad que se extiende hacia los órganos encargados de sancionar. Pese a que las denuncias han llegado a la mesa de las más altas autoridades del Estado y se canalizaron a la Secretaría de la Honestidad y Función Pública, el avance de las investigaciones tropieza sospechosamente con un freno de mano.
Trascendidos e indicios dentro del propio aparato gubernamental apuntan a conflictos de interés internos: la presencia de personal en la dependencia investigadora vinculado por lazos conyugales o familiares con trabajadores del AGE.
Este conflicto de interés flagrante ha mantenido en la congeladora expedientes graves, entorpeciendo la justicia administrativa que las víctimas merecen.
El manejo opaco de los recursos: Despilfarro y la sombra del SIGAP
Al deplorable clima humano se suma una gestión financiera plagada de sombras. Quien debiera velar por el correcto uso de los recursos del pueblo guanajuatense ha convertido el presupuesto del Archivo General en una caja de sorpresas.
Existen serios señalamientos y documentos que exponen:
Tráfico de Influencias y el Proyecto SIGAP:
Anomalías marcadas alrededor del Sistema de Gestión Archivera y Procesos (SIGAP), donde la adjudicación y operación del sistema sugieren privilegios, favorecimiento a terceros y un manejo discrecional de la contratación pública.
Despilfarro Presupuestal:
Uso ineficiente e injustificado de recursos públicos en rubros superfluos o en contratos por honorarios sin la debida justificación técnica, mientras las áreas fundamentales del patrimonio documental padecen carencias sustanciales.
Irregularidad en Comisiones y Honorarios: Disposición del personal sin la debida formalización legal de oficios de comisión ni esquemas de protección social adecuados, vulnerando el marco legal presupuestal y la cobertura de los trabajadores.
Exigencia de acción inmediata.
El Archivo General del Estado no es el patrimonio personal de su “Directora” ni el coto de caza de su grupo cercano. Es un órgano público al servicio de la ciudadanía que hoy se encuentra bajo el secuestro del autoritarismo, la incompetencia y la sospecha de corrupción.
Guanajuato no puede permitir que la Secretaría de la Honestidad continúe paralizada por amiguismos o vínculos matrimoniales, ni que la Gobernadora sea burlada por funcionarios que congelan las instrucciones de investigar.
Es urgente:
Una auditoría integral y externa al manejo financiero y a los contratos del SIGAP.
La remoción o suspensión precautoria de la “Directora” para garantizar un proceso de investigación imparcial y libre de intimidaciones los testigos.
La depuración del expediente en la Secretaría de la Honestidad, excusando formalmente a cualquier auditor o funcionario con conflicto de interés por parentesco.
La dignidad de los trabajadores y la integridad del patrimonio histórico de Guanajuato no admiten más simulación ni silencio.
Es necesario que Cecilia Nila se largue del Archivo General del Estado porque más que “directora” sigue con el chip de un agente del ministerio intimidador y torturador, como cuando lo hacía en Procuraduría General de Justicia.
He dicho y ya está.
